La Audiencia de Palma anula un préstamo al 16% por usurario

La Sección 3ª de la Audiencia de Palma de Mallorca, en sentencia de 14/07/2016, ha confirmado un fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Eivissa que anuló por usuario un préstamo de Banco Celetem al interés nominal del 15,49% y un TAE del 16,64%.
Joan Cerdà, el letrado que defendió el caso, considera que la sentencia en cuestión abre la puerta a instar la anulación de los contratos de préstamo cuyos intereses se sitúen en la referida banda.
En el caso sentenciado, la Audiencia  estimó que en la fecha de formalización del préstamo (2012) y según las estadísticas del Banco de España los intereses para créditos al consumo estaban en torno al 10%, por lo que el interés nominal del 15.49% debe ser considerado usurario. El préstamo cuyo contrato ha sido ahora anulado fue tramitado por una franquicia odontólogica de Eivissa y estaba destinado a financiar un tratamiento bocodental.
Cerdà-Advocats defendió los intereses del consumidor frente a Banco Celetem cuando esta entidad de crédito ejecutó el préstamo por impago. Cerdà-Advocats esgrimió como principal fundamento de Derecho la Ley de Usura de 1908, que sanciona con la nulidad cualquier contrato de préstamo que estipule un interés notablemente superior al normal del dinero.
A efectos prácticos, la resolución confirmada por la Audiencia supone que el deudor deberá retornar el capital sin intereses ni comisiones. De hecho, al sumar los pagos realizados entre amortización, intereses y comisiones y haberse anulado el contrato, el deudor no debe pagar prácticamente nada más a Banco Celetem, con la que la ejecución instada por dicho banco pierde su sentido práctico.

Sentencia íntegra:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00241/2016



N10250



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Tfno.: Fax: MSC
N.I.G. 07026 42 1 2015 0001493
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000224 /2016
Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N.2 de IBIZA/EIVISSA
Procedimiento de origen: JUICIO VERBAL 0000281 /2015


Recurrente: BANCO CETELEM S.A. BANCO CETELEM S.A.
Procurador: ANA LOPEZ WOODCOCK 
Abogado: ARCADIO GOMEZ PLASCENCIA Recurrido: 
Procurador: ALBERTO VALL CAVA DE LLANO Abogado: JOAN CERDA SUBIRACHIS











S E N T E N C I A Nº  241



En Palma de Mallorca a catorce de julio de dos mil dieciséis.


VISTOS por D. Gabriel Oliver Koppen, Magistrado de la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de juicio verbal, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, bajo el número 281/2015, Rollo de Sala núm. 224/2016, entre partes, de una como demandante-apelante, la entidad BANCO CETELEM, S.A., representada por la procuradora Dª. Ana López Woodcok y dirigida por el letrado D. Arcadio Gómez Plasencia, y de otra, como demandada-apelada, XXX, representado por el procurador D. Alberto Vall Cava de Llano y dirigido por el letrado D. Joan Cerdá Subirachs. Por la parte apelada se ha formulado recurso de apelación por vía de impugnación.

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Ibiza, se dictó sentencia en fecha 8 de enero de 2016 en los referidos autos, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “Que estimando parcialmente las pretensiones deducidas por la procuradora doña Ana Lopez Woodcok, en nombre y representación de la entidad Banco Cetelem SA, como parte demandante, contra don XXX, como parte demandada, debo declaro y declaro la nulidad por usuario del contrato de préstamo personal de fecha
28 de agosto de 2012 celebrado entre las partes, condenando al demandado a devolver el capital recibido, sin adición de intereses de ningún tipo, recargos, comisiones, gastos e indemnizaciones, previa deducción de las devoluciones o reembolsos ya efectuados por el demandado, lo que se determina en trámite de ejecución de sentencia. No procede hacer imposición de costas a ninguna de las partes”.

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte demandante, se interpuso recurso de apelación. La parte demandada formuló recurso de apelación por  vía de impugnación. Recibido el  juicio verbal en  esta Audiencia Provincial, se procedió al reparto del asunto con arreglo a las disposiciones establecidas para esta Sección Tercera, correspondiendo el turno a D. Gabriel Oliver Koppen.

TERCERO.- El presente proceso es un juicio verbal por razón de la cuantía por lo que, con arreglo a lo previsto en el artículo 82.2.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia se constituye con un solo Magistrado para la resolución del recurso de apelación.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.




FUNDAMENTOS JURIDICOS


Se aceptan los de la sentencia de primera instancia en cuanto no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- Frente a la sentencia por la que se estima parcialmente la pretensión de la entidad BANCO CETELEM frente a XXX, se declara la nulidad por usurario del contrato de préstamo personal de fecha 28 de agosto de 2012 y se condena al demandado a devolver el capital recibido, sin adición de intereses de ningún tipo, recargos, comisiones, gastos e indemnizaciones, se interpone recurso por la entidad demandante en el que sostiene que el contrato no merece la consideración de usurario y que, por tanto, la demanda debe ser estimada en su integridad.
La parte demandante formula recurso de apelación por vía de impugnación en relación a las costas causadas.

SEGUNDO.- La reclamación de la entidad BANCO CETELEM se funda en el contrato de préstamo celebrado  en fecha  28 de agosto  de 2012,  con un capital prestado de 5.914 euros, a devolver en 60 mensualidades, con un interés nominal del 15’49% y un TAE de 16’64 %.
En la sentencia de instancia se declara el carácter usurario de los intereses remuneratorios pactados.
Hay que concordar con la parte apelante que los intereses remuneratorios forman parte del precio establecido en el contrato de préstamo o de crédito y que, por tanto, su fijación se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, no siendo posible el control de su eventual abusividad, a diferencia de lo que ocurre con los intereses  moratorios  que si pueden ser declarados abusivos  si concurren los requisitos que a tal efecto establece la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios.
Ahora bien los intereses remuneratorios sí pueden ser declarados usurarios y, por tanto, nulos, si se dan los supuestos previstos en la Ley de Usura y eso es lo que se hace en la sentencia de instancia. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 25 de noviembre de 2015. Al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2013 hace una recopilación de la doctrina jurisprudencial sobre el tema y recuerda que el Alto Tribunal ha establecido que la apreciación del carácter usurario de los intereses remuneratorios es "una facultad discrecional del órgano judicial de instancia ( sentencia de 9 enero de 1990 ) con amplísimo  arbitrio  judicial  ( sentencias  de  31  marzo   de   1997 , 10   mayo 2000 ) basándose  en  criterios  más  prácticos  que  jurídicos  (sentencia de 29 septiembre de 1992 ) valorando caso por caso (sentencia de 13 mayo 1991 ), con libertad de apreciación (sentencia de 10 mayo 2000 ), formando libremente su convicción (sentencia de 1 de febrero de 2002 ) ."
Por su parte, la sentencia del Alto Tribunal de 18 de junio de 2012 señala que: "... el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos.".
La Ley de Usura de 1908 se promulgó con la finalidad de reprimir los préstamos usurarios y se inspira en el principio de ética social a que respondieron en el derecho histórico las que tasaron el interés del dinero, imponiendo sanciones de diversa índole a los infractores y obedece al propósito de atajar los grandes daños que en la economía privada venían causando algunas convenciones al amparo de la libertad de la contratación introducida en nuestra legislación por la Ley única, título 16, del Ordenamiento de Alcalá, y mantenida en el artículo 1255 del Código Civil en los que consentía el deudor que el acreedor fijara con exceso la cantidad entregada o se comprometía a pagarle intereses desproporcionados, obligándole a la devolución de las sumas que ambos conceptos ya abusivamente representaban, constreñidos a este consentimiento contractual por condiciones de agobiante penuria económica, inexperiencia o limitación de facultades mentales que no le permitían con libertad discurrir sobre su conveniencia y la extensión de sus derechos para darse perfecta cuenta de las obligaciones así contraídas y que, como víctima, el deudor reconocía y formalizaba.
Dispone el artículo 1º de la expresada Ley que: "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".
El Tribunal Supremo en sentencia de 25 de noviembre de 2015 ha recordado que a partir de los primeros años cuarenta la línea jurisprudencial volvió a la interpretación inmediatamente posterior a la promulgación de la ley en el sentido de no exigir que para que un préstamo pudiera considerarse usurario que concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el artículo 1, de manera que basta que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la Ley: que se estipule un interés superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso.
Por su parte el artículo 3 establece que: " Declarada con arreglo a esta Ley la nulidad de un contrato, el prestatario está obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado".
Pues bien, en el caso de autos, un interés, TAE del 16’64%, TIN de un 15’49 ha de ser considerado usurario si se sigue el criterio fijado por la importante sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015:
a) El porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE),  que se calcula  tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.
b) El interés con el que ha de realizarse la comparación es el  "normal  del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ). Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los  tipos  de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.
En el caso que analizamos la TAE está fijada en un 16’64%. Revisadas las estadísticas del Banco de España (www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/entidades/) resulta que en  el año 2012 los intereses para créditos al consumo se situaban en torno al 10%. El interés fijado en el préstamo que se reclama puede considerarse como notablemente superior al normal del dinero, pues lo incrementa en más de un 50%.
c) Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea
« manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».
Conforme ha señalado el Tribunal  Supremo, en principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.  (…)
Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el  riesgo de la operación. Cuando  el  prestatario  va  a  utilizar  el  dinero  obtenido  en  el  préstamo  en  una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.
Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.
Pues bien, en el presente caso, no se ha realizado ninguna alegación ni se ha practicado ninguna prueba de la que pueda extraerse la razón que explique la razón por la que se estableció un interés notablemente más elevado al que constituía la media de los que se concedían en la época en la que se firmó el préstamo.
Es por lo expuesto que procede la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución dictada en primera instancia en todos sus términos.

TERCERO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siendo la presente resolución desestimatoria del recurso de apelación, serán a cargo de la parte apelante las costas causadas en esta alzada.
En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la pérdida del depósito consignado para recurrir.



FALLO


Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad BANCO CETELEM, SA., contra la sentencia dictada en fecha 8 de enero de 2016 por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza en los autos del juicio verbal de los que el presente rollo dimana.
En consecuencia, se confirma la resolución recurrida en todos sus términos, con imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada y pérdida del depósito consignado para recurrir.
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta alzada, lo pronuncio, mando y firmo.